Juan I. Viedma. Hubo, en su momento, cierta controversia con el papel del Senado. ¿Cómo valora su función actual?
José Mª Oleaga. El Senado surge por primera vez con ocasión del Estatuto Real de 1834 con el nombre de “Estamento de los Próceres”. Y en la Constitución de 1868 ya aparece con la actual denominación de Senado. Desde ese momento, hasta la Segunda República, siempre existieron dos cámaras y así lo consagró la actual Constitución de 1978. Es una fórmula semejante a la que se da en Francia, Alemania o Reino Unido. La idea es que el Congreso represente a la ciudadanía y el Senado, a los territorios. Creo que es una buena fórmula y que debemos perfeccionar el sistema de elección y adaptar el reglamento. Disponer de una cámara para dar una segunda lectura reflexiva a las leyes y para trasladar la diversidad de nuestro país es útil y muy necesario.
J.I.V. En el Senado, usted es portavoz de la Comisión de Justicia, vocal de tres comisiones, y adscrito a dos más, ¿qué significan cada una de estas funciones?
J.Mª.O. El portavoz de una comisión es el encargado de dirigir la actividad del grupo parlamentario en ella. Entre sus funciones figura autorizar las iniciativas que se van a tratar, distribuir las propuestas entre quienes componen la comisión y negociar los acuerdos con representantes de los otros grupos parlamentarios. Por su parte, el vocal es un miembro de una comisión que realiza su actividad de acuerdo con las necesidades del territorio que representa o de la materia que se le asigne. Y, por último, un adscrito es un vocal sin derecho a voto en la comisión correspondiente. En concreto, el grupo parlamentario socialista es el mayoritario de la cámara en estos momentos y, por tanto, el que cuenta con un mayor número de vocales en cada comisión.
J.I.V. Es experto, entre otras materias, en derecho de la circulación. ¿Qué trata exactamente esta disciplina?
J.Mª.O. Salvo un periodo de mi vida profesional en que fui portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, director de Participación Ciudadana en el Gobierno Vasco y presidente de Metro Bilbao, la mayor parte de mi actividad como abogado ha estado ligada al mundo del seguro, la responsabilidad civil y las relaciones derivadas de la circulación de vehículos, entre otras cuestiones. Hasta mayo de 2019, en que fui elegido senador por Bizkaia, he trabajado activamente este campo apasionante del mundo del derecho.
J.I.V. ¿Cree que el tráfico en una ciudad como Bilbao es fluido con un límite de velocidad de 30 km/h?
J.Mª.O. La regla en todas las ciudades es pasar de los 50 km/h a los 30 km/h, como explicó muy bien Pere Navarro [actual director de la Dirección General de Tráfico (DGT)]. Después, cada ciudad debe reflexionar sobre si esa regla general puede tener excepciones. Pero, como ha señalado Alfonso Gil [concejal del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao], los estudios nos indican que la media de velocidad en Bilbao, antes de adoptar la decisión vigente, ya era de 29,5 km/h.
J.I.V. Se lleva cierto tiempo demonizando a los vehículos de carburantes fósiles. Con la gran tecnología eficiente que hoy día ofrecen, ¿no cree que es excesivo?
J.Mª.O. No es un problema de demonizar. El debate es muy profundo. Nos encontramos en ciernes de un riesgo climático sin precedentes y debemos adaptar todas nuestras estructuras productivas. Cuanto antes nos comprometamos con la transición ecológica, antes hallaremos soluciones a todos los problemas. Comprendo que haya resistencias a los cambios, pero visto lo que está sucediendo en los últimos tiempos, considero que debemos tomarnos muy en serio este asunto y arrimar todos el hombro.
J.I.V. ¿Qué impacto puede tener el precio actual de la electricidad en los potenciales compradores de coches eléctricos?
J.Mª.O. Hay que distinguir dos cuestiones. Por un lado, el precio de la energía en el mercado mayorista, que está disparado como consecuencia del alta del valor del gas. Cosa que afecta al coste final, debido a un sistema muy discutible de asignar los precios finales en las subastas. Y segundo, cuál deba ser la factura, el recibo que recibimos los consumidores. El Gobierno ha adoptado decisiones en ambos apartados y confío en que se controle el precio de la factura y se reduzcan los desorbitados beneficios de algunas empresas eléctricas. Eso que se llama los beneficios “caídos del cielo”… Si somos capaces de poner un poco de orden en este asunto, no creo que vaya a repercutir significativamente en el mercado del automóvil.
J.I.V. ¿Cómo valora el papel del RAC Vasco Navarro en temas como la seguridad vial o la movilidad?
J.Mª.O Insustituible en un doble sentido. Por un lado, sirve de conciencia crítica sobre las decisiones que adoptan las administraciones, fomentando el debate y la reflexión sobre las consecuencias de las medidas que se adoptan. Y, en segundo lugar, para proteger, amparar y defender los derechos de los asociados y, por extensión, de todas las personas que usan el vehículo. Hablamos de un porcentaje altísimo de ciudadanos y ciudadanas. Creo que el RACVN es una pieza esencial en el engranaje democrático, social y económico de nuestro país.
