España suspende en electromovilidad con tan solo 7.600 puntos de recarga públicos

Las principales trabas para que los vehículos eléctricos acaben de explosionar son el precio y la falta de infraestructura de recarga, porque la de la autonomía ya ha desaparecido con modelos que pueden alcanzar más de 500 kilómetros.

Según el barómetro que elabora la patronal de fabricantes de vehículos en España, Anfac, el indicador global de electromovilidad del país tan solo creció 0,8 puntos en el primer trimestre del año frente al último de 2019, situándose en una media de 17,2, por detrás de países como Hungría (24,3), Italia (25,8), Francia (27,2), Alemania (32,5), Portugal (32,8), Reino Unido (37,5) o República Checa (54,9). Ya ni hablamos de Noruega y Holanda, que se disparan del resto con 241,8 y 111,4 puntos, respectivamente.

Así, mientras la Unión Europea incrementa en cuatro puntos la penetración de vehículo electrificado, España tan solo lo hace en 1,6. Con dichos datos será difícil lograr los cinco millones de vehículos eléctricos a los que aspira el Ejecutivo bajo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca la hoja de ruta para el período de 2021 a 2030. En 2019 había unos 25 millones de turismos en España, de los cuales solo unos 53.850 eran eléctricos o híbridos enchufables, lo que supone el 0,21% sobre el total del parque móvil.

Falta de infraestructura

“El despliegue de la infraestructura de recarga a lo largo del territorio nacional es claramente insuficiente”, señala de manera tajante la patronal. Según Anfac, los 7.607 puntos de recarga públicos que hay en España distan mucho del objetivo mínimo de 110.000 para 2025 y de 340.000 para 2030 que establece su plan ‘Automoción 2020-40.

Además, la asociación destaca que las “debilidades” de la red de recarga son más notorias a medida que aumenta la potencia de carga: apenas el 7% de los puntos que hay a lo largo del país permite una carga de, al menos, 40 kW. Tan solo hay ocho puntos con una potencia de más de 250 KW y se reparten entre Cataluña y País Vasco. Anfac explica que existen numerosas trabas administrativas que retrasan (o directamente paralizan) su instalación. En su opinión, esto se arreglaría reconociendo de utilidad pública los puntos de alta potencia.

Asimismo, apenas el 35% de la infraestructura es interurbana, un problema que se agranda si se tiene en cuenta que menos del 1% de ésta permite la carga a una potencia superior de 250 kW. El barómetro de la patronal también pone de relieve que casi la totalidad de la infraestructura disponible en los principales corredores del país no permite cargar en tiempos razonables